Álvaro Valencia Tovar. Columnista de EL TIEMPO.
Ecuador no debería insistir en una ruptura diplomática inconsecuente.
Los conflictos internacionales de cualquier naturaleza tienen un origen, un proceso pugnaz que puede llegar al conflicto bélico y un final que debe serlo de verdad. De otra manera, la pugnacidad que haya podido alcanzar su desarrollo no desembocaría en una solución sino en los gérmenes de un nuevo conflicto o en el recrudecimiento del que se creyó resolver. Es cierto. Colombia violó la soberanía al atacar un campamento de fuerzas alzadas en armas contra su legítimo gobierno acampadas en forma semipermanente en territorio ecuatoriano. No era el primero que, al amparo del respeto internacionalmente aceptado, atacaba al Estado colombiano, a su Fuerza Pública y a su población desde el Ecuador.
Que dicho emplazamiento bélico fuera conocido y tolerado por el gobierno de la nación amiga y hermana no sólo lo prueban los computadores del más peligroso miembro del secretariado de las Farc. Dos visitas de su Ministro de Seguridad, reconocidas por éste «para buscar una solución humanitaria» que requería conocimiento y autorización del Gobierno colombiano, así lo establece.
Comprobada por inteligencia militar la presencia allí de alias ‘Raúl Reyes’, se procedió a eliminarlo en hecho por el cual el presidente Uribe Vélez presentó reiteradas excusas a su contraparte ecuatoriana. Las reuniones del Grupo de Río y del Consejo Permanente de la OEA abrieron camino a la solución amigable, sellada con el abrazo y el estrechón de manos, que el Presidente de Colombia fue el primero en propiciar, dirigiéndose a los sillones de los tres colegas que acababan de ofenderlo con virulentos ataques personales, para tenderles la mano.
A diferencia de Venezuela, que reanudó de inmediato las relaciones diplomáticas interrumpidas por su Presidente, el presidente Correa lo viene dilatando indefinidamente, añadiéndole más combustible al fuego no extinto. El último motivo -por no llamarlo pretexto- fue el hallazgo del cadáver de un sujeto de nacionalidad ecuatoriana, traído a Bogotá por confusión de identidad. A la soberanía violada se añadió con gran escándalo el ‘asesinato’ de un ciudadano en su territorio, resultado de la masacre cumplida por la fuerza armada de nuestro país. El Gobierno del Ecuador no ha respondido qué hacía uno de sus ciudadanos en un campamento de terroristas colombianos, tolerado en su suelo. Tampoco menciona el prontuario de la víctima, conocida por la inteligencia colombiana. Anuncia el trámite del caso ante la OEA, lo que no ha hecho hasta el momento de escribir estas líneas. Colombia, por su parte, ya envió al mismo organismo todo lo atinente a esta situación, incluyendo identificación del personaje y su prontuario delictivo.
Por otra parte, Colombia tiene títulos sobrados para invocar el principio universal consagrado por la ONU en su Carta Fundamental sobre la legítima defensa que a la letra dice en su Artículo 51: «Ninguna disposición contenida en esta carta menoscaba el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas». ¿Por qué no lo invocó al justificar la destrucción del campamento terrorista? Quizá por la lealtad jurídica de nuestro gobierno a la Organización de Estados Americanos, dentro de la cual actuó en esta situación. Si en la Resolución de la OEA sobre el caso el Ecuador buscó tenazmente la condena de Colombia, hasta conseguir el ‘repudio’, de todas maneras lesivo para nuestra tradición jurídica de respeto al Derecho Internacional, en el mismo documento ha debido quedar consignada, con idéntico vocablo, la tolerancia del Ecuador al funcionamiento de una base militar de terroristas universalmente reconocidos como tales. Lamentable que nos hubiese faltado contundencia para reclamarlo así.
De todas maneras, por conveniencia para las relaciones bilaterales, la armonía del sistema interamericano y la hermandad de Colombia y Ecuador, el Presidente Correa debería ceder en su intransigencia y no persistir en una ruptura inconsecuente con estos principios.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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